PELIGRO, LOCOMOTORA MINERA ENCENDIDA

Debo empezar por aclarar que estoy de acuerdo con el desarrollo minero y lo que es más, me gustaría que en Barranquilla estuviéramos mucho más dispuestos a crear las condiciones para desarrollar nuestra vocación portuaria con intenciones de facilitar la salida del producido de la minería colombiana pero con actitud mucho más participativa e incluyente que se represente en regalías, empleo, experiencia y progreso.

Pero mientras la robusta locomotora minera se echó andar ya con criticas y escándalos que endilgan, por un lado, que la reforma al código de minas surtida dentro del periodo 2006 – 2010 fue elaborada en parte por una consultora canadiense y son precisamente empresas del mismo país quienes ostenten la mayor extensión de licencias mineras en Colombia, y por otro, que muchos exfuncinoarios del gobierno Uribe hoy trabajan para el sector en procura de licencias mineras y ambientales rápidas (Manuel Rodríguez El Tiempo 11/7/11). El país afronta el reto de robustecer las autoridades ambientales asignándoles nuevas facultades y obligaciones para que puedan enfrentar los impactos de esta poderosa locomotora minera que más que encendida ya esta movilizando millones y extrayendo metales hasta de los páramos.

Este reto no parece ir por buen camino, la fusión de autoridades ambientales que iniciará su debate en la próxima legislatura, dará paso a Corporaciones robustas en responsabilidades, territorio y funciones pero sin recursos que le permitan afrontar las cada vez mayores exigencias ciudadanas, el solo amago que se hizo el año pasado tenia a la CRA y CARDIQUE más embolatadas y nerviosas que las denuncias penales de sus directores. Estas entidades cada vez pierden más recursos para ejercer funciones de vigilancia y control, en julio de 2010 fue expedida por el Min. Ambiente la Resolución 1280 que disminuyó las tarifas que estas cobran por los servicios de evaluación y seguimiento de Licencias, permisos, concesiones y demás instrumentos de control y en octubre de ese mismo año fue eliminado el permiso de vertimientos líquidos con la expedición del Decreto 3930 que lo dejó solo obligatorio para empresas prestadoras de servicios de alcantarillado y aquellos que no estén conectados al sistema, lo que representa solo para Barranquilla una disminución cercana al 40% de los ingresos destinados a gastos de seguimiento y control.

Pues bien, de la mano con la pujante bonanza minera debe ir el fortalecimiento de las autoridades ambientales y este aspecto no da espera pues ya tenemos cerca de 8 mil títulos mineros otorgados que representan el  8 por ciento del territorio nacional y hay proyecciones al menos de 2 millones de hectáreas más por concesionar. Los ganaderos del Cesar que colindan con las minas de carbón cada día están más preocupados porque sus tierras han perdido productividad, ríos y arroyos han variado su cauce y no se ve capacidad en las autoridades ambientales para garantizar la sostenibilidad de tantos ecosistemas hoy intervenidos.

El problema radica en el mecanismo de financiación de las autoridades ambientales pues, mayores controles y vigilancia implican mayores gastos y no existiendo otro mecanismo de financiación que el otorgamiento de licencias, permisos y multas, las autoridades ambientales estarán cada vez más forzadas a la flexibilidad. 


Este artículo fue publicado en el diario LALIBERTAD de Barranquilla, el día 19 de julio de 2011 página 2 A. http://lalibertad.com.co/dia/2011jul19/ed1.html